El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa disolver la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), al considerar que desde su creación ha violentado los derechos establecidos en la Constitución Política, con una práctica propia de regímenes autoritarios, al investigar a ciudadanos y ciudadanas por sus opiniones políticas.

La exhortación fue emitida mediante un pronunciamiento aprobado este miércoles 18 de marzo de 2009, en el cual la UCR respalda la adopción de una política sobre el tema de la seguridad del Estado, en un marco de respeto a los derechos humanos y constitucionales, y que sea construida con la más amplia participación de los diversos actores políticos, institucionales y sociales.

Según el Órgano Colegiado, la DIS ha violentado, de forma reiterada, una serie de derechos humanos y constitucionales como la intimidad, la libertad, el secreto de las comunicaciones, el libre acceso a la información sobre asuntos de interés público y el acceso a expedientes con información personal.

Además, destacó que esta dependencia, por su naturaleza, no responde a la rendición de cuentas que se exige a la gestión del Estado costarricense, ni se ha interesado en coordinar con la Fiscalía General ni con el Organismo de Investigación Judicial, como lo establece la Ley General de Policía ; esto, según las denuncias hechas por el Fiscal General, Francisco Dall´Anesse.

La DIS fue creada, oficialmente, en 1994 como un órgano informativo del Presidente de la República, en materia de seguridad nacional, quien podrá delegar en el Ministerio de la Presidencia la supervisión del cumplimiento de las funciones de este cuerpo policial.

La posición del Consejo Universitario se une al llamado que han hecho diversas instancias en el país, las cuales consideran que en Costa Rica no deben existir dependencias de este tipo, pues somos una república democrática, independiente y soberana, de acuerdo con la Constitución Política en su artículo primero.

Este pronunciamiento fue impulsado por el Dr. Alberto Cortés Ramos, miembro del Consejo Universitario, y se aprobó en sesión N.° 5334.

El pronunciamiento completo puede ser consultado en el sitio web del Consejo Universitario.